Bolivia acudió nuevamente a las urnas para elegir a sus máximas autoridades judiciales, un proceso que destaca como único en la región. Este domingo 15 de diciembre, más de siete millones de bolivianos habilitados para votar decidirán, a través del sufragio directo, quiénes ocuparán los principales cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, esta jornada estuvo marcada por controversias, vacantes sin cubrir y un contexto político que ha agudizado las tensiones de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2025.
Las elecciones judiciales en Bolivia nacieron como una apuesta por democratizar el acceso al poder judicial y reducir la influencia de intereses políticos en la designación de magistrados. Establecidas en la Constitución de 2009 bajo el gobierno de Evo Morales, este sistema fue concebido como un mecanismo innovador que permitiría a la ciudadanía tener un papel activo en la conformación del sistema judicial. Sin embargo, desde su implementación en 2011, el modelo ha enfrentado críticas tanto dentro como fuera del país.
En las urnas, los ciudadanos recibieron dos papeletas. Una para elegir autoridades nacionales en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y otra para autoridades departamentales del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. En esta ocasión, no todos los cargos se sometieron a votación. En departamentos como Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, las elecciones fueron declaradas desiertas para algunos puestos debido a la ausencia de postulantes habilitados, un hecho que pone de manifiesto las fallas estructurales del proceso.
El sistema electoral boliviano impone una restricción significativa a los candidatos: no pueden realizar campañas proselitistas. Esta medida, diseñada para mantener la neutralidad e independencia de los postulantes, ha generado un efecto adverso. Los votantes carecen de información suficiente sobre los candidatos, lo que resulta en altos índices de votos nulos o blancos. En las elecciones de 2017, más del 50% de los votos no fueron válidos, reflejando una desafección ciudadana hacia un proceso que muchos perciben como opaco y politizado.
En esta tercera edición de las elecciones judiciales, los desafíos no solo radican en la falta de información. El contexto político nacional añade una capa de complejidad. Bolivia atraviesa un momento de polarización interna. La fractura dentro del Movimiento al Socialismo, partido en el poder, ha intensificado el debate sobre la independencia del sistema judicial. Por un lado, el presidente Luis Arce busca consolidar su liderazgo, mientras que Evo Morales enfrenta procesos legales que sus seguidores califican de persecución política. En este clima, la composición de los tribunales adquiere una relevancia estratégica. Las decisiones judiciales futuras tendrán un impacto directo en las candidaturas y en la resolución de conflictos electorales, especialmente en un país que renovará su presidencia en menos de un año.
El modelo boliviano de elección judicial ha despertado interés en otros países de la región. México, por ejemplo, ha iniciado un proceso similar como parte de una reforma judicial que busca acercar las instituciones al pueblo. Sin embargo, las críticas al sistema boliviano han servido como advertencia. La falta de legitimidad percibida y los problemas de implementación generan dudas sobre si este mecanismo puede ser replicado sin riesgos en otros contextos.
En un continente donde la justicia a menudo está bajo sospecha de estar cooptada por intereses políticos, Bolivia ha intentado diferenciarse con un experimento democrático único. No obstante, la tensión entre la participación ciudadana y la independencia judicial sigue siendo un desafío no resuelto. Estas elecciones no solo definirán quién ocupa los cargos más altos del sistema judicial, sino también cómo se percibe la justicia en un país donde su legitimidad sigue siendo una asignatura pendiente.
El desenlace de estas elecciones tendrá implicaciones profundas en el panorama político boliviano. Mientras el país se prepara para un año electoral crucial, la solidez y neutralidad del poder judicial serán determinantes para garantizar un proceso democrático transparente. Bolivia se encuentra en una encrucijada. Lo que está en juego no son solo los nombres de los magistrados, sino la confianza en un sistema que busca ser justo y, sobre todo, verdaderamente representativo.
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